No hace mucho os hablé de mi amigo Jose, un ex-vecino al que un día la vida le cambió cuando llegó a casa y le dijo su mujer que se separaban, que debía abandonar la casa, que se tenía que ocupar de pagar la pensión de los niños más su parte de la hipoteca y que a los niños los vería, si no se avenía a razones, un fin de semana de cada quince días, lo justo que mandara el Juez. Os conté también, creo recordar, que se sumió en una profunda depresión al verse venir todo encima, de golpe, sin avisos previos y durmiendo en casa de sus padres, habiendo cumplido los cuarenta y tantos, porque no le llegaba para más tras pagar hipotecas, gastos extras y pensiones. Luego se enteró de que su mujer le había dejado para irse con su mejor "amigo". Lo que no sé si os acabé de contar es que en la casa que seguía pagando mi amigo, a pesar de no disfrutarla, dormía a menudo el nuevo amor de su ex-pareja, incluso con sus hijos dentro y no habiendo pasado ni un mes después de haber abandonado su hogar. Hace tiempo que no veo al nuevo inquilino por el barrio y su mujer sólo la veo paseando el perro, eso sí, una vez los niños son empaquetados con los abuelos paternos o maternos, lo mismo le da. Una familia rota, un caso mal resuelto. Es un caso verídico y común, nada extraordinario. Es un "caso tipo", diría yo, que se da con demasiada frecuencia y que ilustra hasta que punto puede ser injusto y desviado el derecho de familia con los padres. Pero, no creáis, no es un caso extremo en absoluto, es un caso que ahora se quedaría corto en su nivel de desproporción y de injusticia.
Mi amigo Jose (oculto su verdadero nombre, es evidente) aún puede considerarse afortunado. Como lo oís. Recopilo ya una nada famélica casuística de padres -como cualquiera de mis colegas de profesión- que además de todo lo que le ocurre a Jose deben añadir que salieron de casa con las manos atadas por delante, ante el oprobio de verse detenido ante sus hijos y sus vecinos, dormir en comisaría compartiendo celda con otros delincuentes comunes y expertos, verse acusado de malos tratos sin que exista prueba de cargo de ninguna especie -ni un triste parte médico por arañazo-, y encima enterarse más tarde de que todo venía a cuento para verle salir de casa de manera inmediata porque su mujer tenía otra relación en puertas que tampoco podía esperar. Además de todo lo anterior, sin apenas escuchar sus alegaciones, que con toda seguridad no van a ser tenidas muy en cuenta, el juez decretará una orden de alejamiento del domicilio de la esposa, una pensión inmediata para atender las necesidades de los menores, además de hacer frente a todas sus obligaciones (hipoteca, préstamos, etc.). Por lo demás, si no presenta pruebas determinantes de lo contrario, tiene muchas posibilidades de verse condenado por agresor en un juicio posterior, que le queden antecedentes penales, y de por medio y antes de ser dictada sentencia, puede incluso que sufra restricciones en el régimen de visitas con los niños, como del tipo de que los menores no duerman en el domicilio del padre hasta que su señoría no diga lo contrario. Las acusaciones que se vierten en estos casos para iniciar el procedimiento con una denuncia, cuando es falsa, no tienen límite en su imaginación, lo que se os ocurra por muy escabroso que resulte tendrá su reflejo en realidad con toda la seguridad. El porcentaje de denuncias falsas sobre padres que sufren esta paranoia jurídico-social desatada en nuestro país es elevadísimo, llegando a colapsar algunos juzgados de violencia doméstica, y comporta la dedicación de unos recursos ingentes a casos absurdos e inventados que evitan, y esto es lo más triste, que los casos verdaderos sean atendidos como merecen.
Señalar todo esto es algo que, entre los profesionales del derecho que batallamos en las trincheras de la justicia a diario, no nos atrevíamos a hacer en público por temor a ser inmediatamente tachados de misóginos, machistas o de otras lindezas parecidas, sino peores. Recuerdo como si fuera ayer, que la que fuera a la sazón jueza decana de Barcelona, la Señora María Sanahuja, se hizo eco en cierta ocasión de lo que ya era todo un clamor entre los profesionales -los que querían verlo, porque había otros/as que reclamaban aún mayor dureza- hace algunos años: la ingente cantidad de denuncias falsas de esposas sobre maridos alegando unos supuestos e inexistentes malos tratos, que amenazaba con colapsar los juzgados penales y que iban en franco aumento. La Sª. Maria Sanahuja, por mostrar una sinceridad a prueba de todo que le honra, siendo mujer y jueza, se ganó furibundos ataques a su persona desde las más instancias del derecho, y especialmente de mujeres magistradas con cierto poder de influencia, a quienes no citaremos para que no sientan ofendidas en el remoto caso de que lean estos párrafos -no conviene hacer enemigos más poderosos que uno, dijo Claudius, Caesar Imperator-. El problema sigue igual de intenso pasados más de tres años de aquel episodio, sino peor.
En el último suplemento mensual de La Vanguardia dedicado al mundo del derecho, Togas.biz, varias compañeras letradas se hacen eco con cierta amargura del desolador panorama que está dejando de por medio la mala y ciega aplicación del derecho de familia, especialmente en contra de los maridos y padres. Y es interesante que lo hagan desde su condición femenina, porque la injusticia no entiende de género. Igual que un humilde servidor no le temblará el pulso para defender y reconocer una desigualdad en el trato de cualquier tipo hacia las mujeres, que lo sigue habiendo y en muchos aspectos de nuestra sociedad todavía, no podemos dejar de ver la clara discriminación que sufren los padres a la mala hora de enfrentarse a un juicio de divorcio, máxime si hay niños de por medio. Deben contar con que la guardia y custodia de los menores no se la van a conceder casi seguro, por muy desastrada e indolente que sea su pareja a la hora de afrontar el cuidado de los niños. Ni siquiera en casos extremos los jueces se atreven, en su gran mayoría, a remover ese privilegio femenino. He debido presenciar negativas a conceder guardia y custodia de menores a un padre, por ejemplo, sabiendo que la madre se dedicaba al alterne nocturno profesional y que dejaba de día el cuidado del niño enteramente a canguros, extremos que fueron probados pero que no bastaron para que el juez revocara esa guardia y custodia; se prefería que el niño fuera cuidado por canguros, conocidos o no, que no por su propio padre. Cualquier abogado de familia podrá dar decenas de ejemplos de lo que estoy hablando en que lo que debiera ser un derecho del menor a disfrutar de una custodia en las mejores condiciones, por automatismos convencionales, por prejuicios absurdos y por falta de entereza y bonomía de la mayoría de los funcionarios togados se ha convertido en un privilegio intangible que no está de acorde ni con la realidad social que vivimos, ni con la justicia en abstracto. En derecho de familia, y en derecho penal también, quién lo hubiera dicho hace sólo unos años, ser hombre comienza a ser motivo cierto de discriminación. Algo debería empezar a moverse.
Mi amigo Jose (oculto su verdadero nombre, es evidente) aún puede considerarse afortunado. Como lo oís. Recopilo ya una nada famélica casuística de padres -como cualquiera de mis colegas de profesión- que además de todo lo que le ocurre a Jose deben añadir que salieron de casa con las manos atadas por delante, ante el oprobio de verse detenido ante sus hijos y sus vecinos, dormir en comisaría compartiendo celda con otros delincuentes comunes y expertos, verse acusado de malos tratos sin que exista prueba de cargo de ninguna especie -ni un triste parte médico por arañazo-, y encima enterarse más tarde de que todo venía a cuento para verle salir de casa de manera inmediata porque su mujer tenía otra relación en puertas que tampoco podía esperar. Además de todo lo anterior, sin apenas escuchar sus alegaciones, que con toda seguridad no van a ser tenidas muy en cuenta, el juez decretará una orden de alejamiento del domicilio de la esposa, una pensión inmediata para atender las necesidades de los menores, además de hacer frente a todas sus obligaciones (hipoteca, préstamos, etc.). Por lo demás, si no presenta pruebas determinantes de lo contrario, tiene muchas posibilidades de verse condenado por agresor en un juicio posterior, que le queden antecedentes penales, y de por medio y antes de ser dictada sentencia, puede incluso que sufra restricciones en el régimen de visitas con los niños, como del tipo de que los menores no duerman en el domicilio del padre hasta que su señoría no diga lo contrario. Las acusaciones que se vierten en estos casos para iniciar el procedimiento con una denuncia, cuando es falsa, no tienen límite en su imaginación, lo que se os ocurra por muy escabroso que resulte tendrá su reflejo en realidad con toda la seguridad. El porcentaje de denuncias falsas sobre padres que sufren esta paranoia jurídico-social desatada en nuestro país es elevadísimo, llegando a colapsar algunos juzgados de violencia doméstica, y comporta la dedicación de unos recursos ingentes a casos absurdos e inventados que evitan, y esto es lo más triste, que los casos verdaderos sean atendidos como merecen.
Señalar todo esto es algo que, entre los profesionales del derecho que batallamos en las trincheras de la justicia a diario, no nos atrevíamos a hacer en público por temor a ser inmediatamente tachados de misóginos, machistas o de otras lindezas parecidas, sino peores. Recuerdo como si fuera ayer, que la que fuera a la sazón jueza decana de Barcelona, la Señora María Sanahuja, se hizo eco en cierta ocasión de lo que ya era todo un clamor entre los profesionales -los que querían verlo, porque había otros/as que reclamaban aún mayor dureza- hace algunos años: la ingente cantidad de denuncias falsas de esposas sobre maridos alegando unos supuestos e inexistentes malos tratos, que amenazaba con colapsar los juzgados penales y que iban en franco aumento. La Sª. Maria Sanahuja, por mostrar una sinceridad a prueba de todo que le honra, siendo mujer y jueza, se ganó furibundos ataques a su persona desde las más instancias del derecho, y especialmente de mujeres magistradas con cierto poder de influencia, a quienes no citaremos para que no sientan ofendidas en el remoto caso de que lean estos párrafos -no conviene hacer enemigos más poderosos que uno, dijo Claudius, Caesar Imperator-. El problema sigue igual de intenso pasados más de tres años de aquel episodio, sino peor.
En el último suplemento mensual de La Vanguardia dedicado al mundo del derecho, Togas.biz, varias compañeras letradas se hacen eco con cierta amargura del desolador panorama que está dejando de por medio la mala y ciega aplicación del derecho de familia, especialmente en contra de los maridos y padres. Y es interesante que lo hagan desde su condición femenina, porque la injusticia no entiende de género. Igual que un humilde servidor no le temblará el pulso para defender y reconocer una desigualdad en el trato de cualquier tipo hacia las mujeres, que lo sigue habiendo y en muchos aspectos de nuestra sociedad todavía, no podemos dejar de ver la clara discriminación que sufren los padres a la mala hora de enfrentarse a un juicio de divorcio, máxime si hay niños de por medio. Deben contar con que la guardia y custodia de los menores no se la van a conceder casi seguro, por muy desastrada e indolente que sea su pareja a la hora de afrontar el cuidado de los niños. Ni siquiera en casos extremos los jueces se atreven, en su gran mayoría, a remover ese privilegio femenino. He debido presenciar negativas a conceder guardia y custodia de menores a un padre, por ejemplo, sabiendo que la madre se dedicaba al alterne nocturno profesional y que dejaba de día el cuidado del niño enteramente a canguros, extremos que fueron probados pero que no bastaron para que el juez revocara esa guardia y custodia; se prefería que el niño fuera cuidado por canguros, conocidos o no, que no por su propio padre. Cualquier abogado de familia podrá dar decenas de ejemplos de lo que estoy hablando en que lo que debiera ser un derecho del menor a disfrutar de una custodia en las mejores condiciones, por automatismos convencionales, por prejuicios absurdos y por falta de entereza y bonomía de la mayoría de los funcionarios togados se ha convertido en un privilegio intangible que no está de acorde ni con la realidad social que vivimos, ni con la justicia en abstracto. En derecho de familia, y en derecho penal también, quién lo hubiera dicho hace sólo unos años, ser hombre comienza a ser motivo cierto de discriminación. Algo debería empezar a moverse.
2 comments:
Me duele decirlo, pero tienes razón
Totalmente de acuerdo con el hecho de las sentencias falsas por malos tratos, es algo que en nada beneficia a los casos donde realmente se producen esos hechos. La cuestión es que todo esto depende también de un asesoramiento profesional, no es el primer caso que oigo de una mujer que quiere un divorcio satisfactorio para ella que su abogado le recomienda vías rápidas que dan como consecuencia este panorama que vivimos. Pero dada la evolución que está tomando todo esto de los juicios por malos tratos no quedará lejos el día en que sean los abogados los que aconsejen esas denuncias falsas a los hombres para salir airosos de la situación.
Completamente de acuerdo con el hecho de que la justicia debe ser ciega al sexo de los actores y clarividente en cuanto a los hechos y circunstancias que viven. Que las leyes sobre el derecho de familia deberían cambiar sustancialmente y que la paternidad y la maternidad dejen de ser derechos de los progenitores para convertirse en obligaciones. A ver cuanto listo y lista al verse atrapados en esta pequeña diferenciación legal y que sin embargo engendra grandes diferencias, no iban a echarse a atrás en sus demandas absurdas. Además de verse protegido el verdadero derecho latente que hay detrás de todo esto y es que los hijos estén realmente protegidos y que los padres se vean obligados a actuar conjuntamente en lo que constituye su responsabilidad y no un juego de niños.
En cuanto a la vivienda y su poseedor en una separación también debería ser algo a cambiar, la primera opción debería ser la venta inmediata y la repartición de los beneficios. Pudiendose dar preferencia al conyuje al que se otorga la custudia, de no existir custodia conjunta, a quedarse con la vivienda, mendiante pago de lo que estipule un árbitro designado por el juez y después de valorar la casa a precio de mercado y restar las deudas que recaen sobre dicha posesión.
Con estas simples pautas se evitarían no sólo injusticias, sino discriminaciones por cuestión de sexo y que el más pillo se arproveche del otro.
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